El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
Noticias Relacionadas
La investigación por un presunto caso de extorsión que involucra al jefe de la comisaría de Famaillá y a varios efectivos tomó nueva fuerza luego de la aparición de videos, audios y pruebas digitales que revelan serias irregularidades en un operativo policial.
El expediente se inició a partir de la denuncia de una mujer que aseguró que su domicilio fue allanado sin que los policías presentaran una orden judicial. Según su testimonio, el comisario a cargo le exigió una suma millonaria para no perjudicar la situación procesal de su pareja. La maniobra habría incluido a otros efectivos y a una abogada que participó del encuentro donde se entregó parte del dinero. Todo quedó registrado por un vecino que filmó el momento clave, material que hoy es fundamental para la causa.
Un procedimiento lleno de irregularidades
Durante el operativo, uno de los policías ingresó al baño y manipuló un envoltorio que llevaba en su riñonera, situación que generó la reacción del esposo de la denunciante, quien acusó que le estaban “plantando algo”. La mujer insistió en que nunca les mostraron la orden judicial y que los efectivos aseguraron que buscaban a un sospechoso apodado “Pañal”, cuya detención ya se había concretado horas antes en otro domicilio.
La denunciante afirmó también que los policías buscaban perfumes y un termo, y que cuando el acta del procedimiento arrojó resultado negativo, el comisario comenzó a exigir dinero. Según relató, primero pidió cinco millones de pesos y luego redujo el monto a tres millones “para no llevar preso” a su pareja. Incluso quedó asentado que la mujer fue presionada para que su pareja trabajara para la organización policial si quería evitar problemas.
Suma de pruebas y material digital
La Justicia reunió una gran cantidad de evidencia: 16 videos, 10 capturas de pantalla y audios donde la abogada involucrada daba instrucciones sobre cómo entregar el dinero. En uno de los registros, se escucha al comisario evitando referirse al arma registrada de la familia, que desapareció durante el operativo y cuyo paradero sigue siendo objeto de investigación.
El acta del allanamiento detalla el secuestro de dispositivos electrónicos: notebooks, pendrives, celulares, un CPU y material encontrado tanto en la vivienda como en vehículos. Además, se contabilizaron $8.783.000 en efectivo frente a testigos, aunque el dinero fue devuelto por disposición fiscal.
Advertencias judiciales y próximos pasos
El juez a cargo advirtió sobre inconsistencias formales en la requisitoria del caso, ya que llevaba la firma de un auxiliar fiscal, situación que generó debate institucional por la prohibición constitucional de delegar esas funciones.
Con todas las pruebas reunidas, la investigación avanza para determinar si existió una estructura policial dedicada a la extorsión y si el operativo fue montado deliberadamente para presionar económicamente a la familia. Los peritajes sobre celulares, computadoras, pendrives y DVR serán claves para reconstruir todo lo ocurrido.
Por ahora, ninguno de los sospechosos cuenta con medidas privativas de la libertad, pero el expediente sigue sumando elementos que podrían cambiar el rumbo de la causa.
Compartir