SE ESTIMA QUE 2.000 TAXISTAS EN TODO EL PAÍS ESTÁN ASOCIADOS A UBER, DIDI O CABIFY

El exceso de regulaciones estatales perjudica el desarrollo comercial, y social en general, por múltiples razones: burocratiza las gestiones, eleva los costos, desalienta nuevos emprendimientos y la gente pierde demasiado tiempo y dinero haciendo trámites. Y propicia la corrupción.

Para abrir un negocio en Nueva Zelanda se tarda siete días, uno de los países más expeditivos del mundo. En la Ciudad de Buenos Aires, quizás la menos burocrática de todo el país, ese mismo trámite tarda más de un año.

En Tucumán, todo depende de quién esté detrás de cada uno de los 10 mostradores que hay que ir y visitar, de la voluntad del empleado, de los “favores” que se piden para acelerar los expedientes. Hay gestiones que tardan años y muchas quedan a medio camino y otras finalmente que nunca pueden llegar a concretarse.

Un ejemplo concreto, que hoy se encuentra en pleno debate en Tucumán, son las aplicaciones de viajes, como Uber, Didi y Cabify, en sus versiones de autos, motos y cadetería, que llegaron para cubrir una demanda insatisfecha en los traslados. Frente a taxis destartalados, caros, imposibles de conseguir cuando llueve o después de las 22, y ante un servicio de colectivos también costoso, ineficiente y acotado, las aplicaciones aparecieron como una opción práctica, rápida y más económica.

El municipio de la Capital ya expresó sus intenciones de regular estos servicios, frente a una realidad que está pasando por encima al sistema de transporte y lo está empujando hacia una situación terminal.

Fuente: La Gaceta

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