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El debate sobre los controles toxicológicos a funcionarios públicos volvió a instalarse en la Legislatura de Tucumán a partir de un proyecto presentado por el legislador José Cano, que propone reformar la Ley 8.850, sancionada en 2016, ante la falta de aplicación efectiva de la normativa vigente.
Según explicó el parlamentario, la iniciativa busca corregir falencias en la implementación de la ley y garantizar que los exámenes sean realmente operativos. “La norma se sancionó, se reglamentó y hasta tuvo un pronunciamiento de la Corte sobre su constitucionalidad, pero en la práctica fue muy poco efectiva”, sostuvo Cano en declaraciones al programa Buen Día Verano.
El proyecto plantea extender los controles a los tres poderes del Estado, al Tribunal de Cuentas, organismos descentralizados, comunas rurales y al Poder Legislativo, hasta el rango de prosecretario. Además, introduce un cambio central: los exámenes toxicológicos serían sin aviso previo, a diferencia del esquema actual que contempla notificaciones con varios días de anticipación.
Cano aclaró que la propuesta no tiene un carácter punitivo. “Partimos de la idea de que una persona con consumo problemático es una persona enferma. No se trata de castigar, sino de prevenir y garantizar que quienes ejercen funciones públicas puedan tomar decisiones en plenitud de condiciones”, señaló.
En ese sentido, remarcó que tanto la Constitución Nacional como la provincial exigen idoneidad para el ejercicio de la función pública, no solo desde lo técnico, sino también en el plano ético y moral. “El avance del narcotráfico atraviesa a toda la sociedad y el Estado no puede mirar para otro lado”, afirmó.
La iniciativa también incluye al personal policial y penitenciario, sectores sometidos a elevados niveles de estrés. Al respecto, Cano destacó la necesidad de combinar controles con políticas de contención, tratamiento y seguimiento.
Finalmente, el legislador expresó su expectativa de que el proyecto avance en la Legislatura y sostuvo que los distintos poderes del Estado deben “dar el ejemplo”. “No se trata de denuncias mediáticas, sino de contar con una herramienta transparente que cuide a las personas y fortalezca a las instituciones”, concluyó.
Fuente: La Gaceta