El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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En Tucumán, la factura de la luz dejó de ser hace tiempo un simple servicio básico para convertirse en una de las principales fuentes de enojo cotidiano. Para miles de familias, comerciantes y trabajadores, la boleta mensual simboliza el deterioro del vínculo entre el Estado, las empresas concesionarias y los usuarios. No es casual que la provincia aparezca de manera recurrente entre las que pagan la energía eléctrica más cara del país ni que EDET se haya transformado, con los años, en la empresa más cuestionada por los tucumanos.
El problema no responde a una única causa ni es un fenómeno reciente. Se trata de una combinación de factores estructurales que se fueron profundizando con el paso del tiempo. Tucumán no genera energía propia en volúmenes significativos y depende casi por completo del Sistema Interconectado Nacional. Esa dependencia implica mayores costos de transporte y una exposición directa a los aumentos definidos a nivel nacional. A diferencia de otras provincias que cuentan con represas, parques solares o esquemas de generación local, Tucumán quedó atada a un modelo que no le permite amortiguar las subas.
A ese escenario se suma el peso del Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes que más encarece la boleta. Allí se concentran los costos de operación, mantenimiento y la rentabilidad de la distribuidora. Es justamente ese ítem el que explica por qué, aun con consumos moderados, las facturas en Tucumán suelen ser más altas que en otras jurisdicciones. En los hechos, el usuario no paga solo la energía que consume, sino también un sistema de distribución caro, ineficiente y con serios problemas de infraestructura.
La quita progresiva de subsidios terminó de agravar el panorama. Mientras en otras regiones del país el impacto fue amortiguado por mayores ingresos o esquemas diferenciales, en Tucumán el golpe fue directo. En pocos meses, familias de ingresos medios pasaron de pagar boletas manejables a enfrentar montos difíciles de afrontar, especialmente en verano, cuando el consumo se dispara por el calor extremo, o en invierno, cuando el uso de artefactos eléctricos se vuelve indispensable.
Sin embargo, el aumento del precio nunca fue acompañado por una mejora en la calidad del servicio. Los cortes de luz se volvieron parte de la rutina, sobre todo en épocas de alta demanda o ante cualquier tormenta. Barrios enteros quedan sin suministro durante horas, e incluso días, con consecuencias directas: alimentos que se echan a perder, falta de agua por bombas que no funcionan, comercios paralizados y familias enteras afectadas. La sensación de precariedad se profundiza cuando estos episodios se repiten año tras año sin que se perciban soluciones de fondo.
Esa combinación explica buena parte del rechazo social hacia EDET. La empresa no solo es asociada a tarifas elevadas, sino también a una atención al cliente deficiente, reclamos que no prosperan y una comunicación casi inexistente ante los problemas. Para muchos usuarios, la experiencia se repite sin cambios: pagar en tiempo y forma una factura cada vez más alta y, aun así, quedarse sin servicio cuando más se lo necesita.
El malestar también se alimenta de la percepción de falta de control. Como concesionaria monopólica, EDET no tiene competencia y los usuarios no cuentan con alternativas. El ente regulador, a los ojos de gran parte de la sociedad, actúa tarde o con escasa firmeza. Esa sensación de impunidad refuerza la idea de que la empresa puede cobrar sin rendir cuentas, mientras los usuarios quedan atrapados en un sistema del que no pueden salir.
En un contexto económico adverso, con salarios que corren detrás de la inflación y un costo de vida en constante aumento, la boleta de la luz se convirtió en una de las principales preocupaciones de los hogares tucumanos. Para muchas familias, representa un gasto que compite directamente con la comida o los medicamentos. Para comerciantes y pequeños empresarios, es un costo fijo que asfixia y pone en riesgo la continuidad de la actividad.
Así, el rechazo a EDET no es solo una cuestión de imagen ni una reacción emocional. Es la consecuencia directa de años de tarifas en alza, servicios deficientes, escasa inversión visible y una persistente sensación de desprotección del usuario. Mientras no se revise de manera profunda el esquema eléctrico provincial, no se transparenten los costos reales y no se garantice un servicio acorde a lo que se cobra, Tucumán seguirá encabezando los rankings de tarifas más caras y la empresa distribuidora continuará siendo, para gran parte de la sociedad, el rostro visible de un sistema que no funciona.
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