Para frenar las usurpaciones de tierras fiscales, Osvaldo Jaldo creó por decreto el Registro de Bienes Inmuebles del Estado

NUNCA MÁS. Con un nuevo decreto, el gobernador Osvaldo Jaldo puso en marcha el Registro de Bienes Inmuebles del Estado, un instrumento que busca evitar que se repitan conflictos como los ocurridos en El Mollar, El Cadillal, Tafí del Valle y Ticucho.

La Provincia dio un paso clave en la organización y control de su patrimonio territorial al oficializar la creación de este registro, que permitirá contar por primera vez con una base de datos completa y pública sobre la situación dominial de todos los inmuebles estatales en Tucumán. La medida, firmada por Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, apunta a transparentar el uso de las tierras fiscales y disminuir las maniobras irregulares en zonas turísticas y de alto valor inmobiliario.

El registro funcionará bajo la Subdirección de Inmuebles Fiscales, organismo creado recientemente dentro de la Dirección General de Catastro y encargado de relevar el destino, la ocupación y el estado jurídico de las propiedades públicas. Desde su creación, esta dependencia recuperó predios en áreas sensibles como la Reserva Natural de La Angostura, en El Mollar, y sectores de El Cadillal; además, revisó concesiones para regularizar situaciones o reincorporar terrenos al dominio estatal.

El decreto dispone que el registro incluya los bienes pertenecientes a los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y entes autárquicos. La base de datos reunirá información catastral, registral, tipo de afectación, condiciones de ocupación y eventuales deudas por impuestos, tasas o indemnizaciones expropiatorias. El inventario deberá completarse antes de junio, fecha en la que se conformará el primer Inventario Digital de Inmuebles del Estado.

El sistema será público, se actualizará semanalmente y deberá ser consultado de manera obligatoria por cualquier organismo que tramite ventas, inscripciones u operaciones relacionadas con bienes estatales. Desde la Casa de Gobierno destacaron que esta herramienta permitirá terminar con las excusas frente a ocupaciones irregulares: “Con un simple click se podrá saber si una tierra pertenece al Estado. Empleados, funcionarios e interesados ya no podrán alegar desconocimiento”, señaló un vocero.

La iniciativa profundiza el proceso de regularización dominial encarado por la Provincia y busca cerrar una deuda histórica: la inexistencia de información unificada sobre el patrimonio territorial estatal, un vacío que durante años facilitó usurpaciones y conflictos. Con este registro, Tucumán avanza hacia un ordenamiento integral de sus bienes públicos y refuerza los controles sobre su uso.

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