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El femicidio de Ana Gabriela “Gaby” Picciuto, la joven monteriza desaparecida en marzo de 2023 y hallada dos meses después dentro de una cisterna en su propia vivienda, vuelve a generar indignación y preocupación en Tucumán. Un tribunal de impugnación revocó la condena contra Leonardo Salomón —hasta ahora el único acusado con sentencia firme— y lo absolvió por el beneficio de la duda, dejando la causa al borde de la impunidad.
La resolución, que supera las 160 páginas, expone severas deficiencias investigativas, contradicciones y la falta de exploración de hipótesis alternativas que podrían haber esclarecido el crimen. Los jueces concluyeron que no existían pruebas materiales que permitieran acreditar ni la autoría ni el lugar exacto donde se produjo el asesinato.
El caso presenta similitudes con la reciente absolución de los acusados por el homicidio del policía Víctor Emanuel Lazarte, donde también los magistrados señalaron graves fallas en el proceso investigativo.
Un hallazgo que reveló un escenario inquietante
El cuerpo de Picciuto fue encontrado el 12 de mayo de 2023, oculto en la base de una cisterna en la vivienda de Chacabuco 59, donde la víctima mantenía una disputa con su exmarido por la propiedad del inmueble. Las pericias determinaron que fue asesinada entre el 9 y el 11 de marzo mediante fuertes golpes en la cabeza con un objeto que nunca fue identificado.
La situación en la casa era caótica: había sido vendida de forma irregular y estaba ocupada por varias personas con antecedentes de conflictos y adicciones, muchos de ellos con disputas previas con la víctima.
Una investigación cargada de sospechas sin resolver
En un inicio fueron procesados Alfredo Socci, Natalia Liberman, Sofía Di Cianni y el exmarido de Picciuto, Luis Fumero. Todos quedaron envueltos en un entramado de versiones, contradicciones y elementos no esclarecidos. Sin embargo, ninguno llegó a juicio: todos fueron sobreseídos.
La figura de Salomón tomó fuerza por algunos indicios: mantenía una relación conflictiva con la víctima, había dejado la provincia el mismo día de su desaparición y tenía conocimientos en albañilería y trabajos en cisternas. Dos de los tres jueces del primer tribunal lo condenaron a 15 años de prisión en mayo de 2025.
Pero la Cámara consideró que la prueba era insuficiente:
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no se demostró el lugar del homicidio,
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no apareció el arma,
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ningún rastro genético lo vinculó al hecho,
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y no se profundizaron otras líneas de investigación.
Sospechas que quedaron en el aire
El tribunal resaltó aspectos que nunca fueron investigados a fondo:
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Socci tenía control total del inmueble, manejaba las llaves y fue visto con una maza compatible con el arma homicida.
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Liberman y Di Cianni poseían DNI y una tarjeta de débito de la víctima.
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Los inquilinos permanecieron en la casa tras la desaparición sin ser investigados en profundidad.
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No se indagó plenamente el posible móvil económico por la venta irregular de la vivienda.
Un caso atrapado en un callejón sin salida
Tras la absolución, Salomón recuperó su libertad después de más de dos años de prisión y se trasladó a Buenos Aires. Mientras tanto, el resto de los implicados ya no puede ser sometido nuevamente a proceso, a menos que aparezcan pruebas completamente nuevas, algo que los jueces consideran improbable debido al deterioro del material probatorio.
La resolución deja en evidencia una investigación fragmentada y sin la profundidad necesaria para resolver uno de los femicidios más dolorosos de Tucumán. La verdad sobre la muerte de Gaby Picciuto parece hoy más lejana que nunca, atrapada entre errores, omisiones y una causa que corre serio riesgo de quedar impune.
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