El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
Noticias Relacionadas
La Justicia federal rechazó un hábeas corpus preventivo presentado contra el DNU 941/2025, mediante el cual el Gobierno nacional amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y reformuló el sistema de inteligencia argentino.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien consideró que el planteo no acreditó la existencia de una amenaza actual o inminente a la libertad ambulatoria que habilite la intervención judicial a través de esta acción constitucional.
Los fundamentos del rechazo
El recurso había sido impulsado por los abogados Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos, quienes cuestionaron el alcance del decreto firmado por el presidente Javier Milei el 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, el magistrado sostuvo que del análisis del escrito presentado no surge, ni siquiera de manera indiciaria, una afectación concreta a la libertad ambulatoria ni una vulneración inmediata de garantías constitucionales.
“No se infiere la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado decidido y en próxima vía de ejecución”, afirmó Alonso en su resolución, al remarcar que no se configuran los supuestos necesarios para la procedencia del hábeas corpus preventivo.
Apelación y cuestionamientos al decreto
Pese al rechazo, los impulsores de la acción adelantaron que apelarán el fallo. En declaraciones públicas, sostuvieron que el DNU implica un peligro concreto al habilitar detenciones por parte de agentes de inteligencia sin orden judicial previa.
En ese sentido, calificaron la norma como “repugnantemente inconstitucional y anticonvencional”, al considerar que vulnera principios básicos como el debido proceso y el control judicial sobre las privaciones de la libertad.
Qué establece el DNU 941/2025
El decreto presidencial introduce cambios estructurales en el sistema de inteligencia, fortaleciendo el rol de la SIDE como organismo rector y coordinador de todas las agencias del sector.
Entre los puntos más controvertidos, habilita a los agentes de inteligencia a detener o aprehender personas en el marco de sus actividades, incluso sin orden judicial en casos de flagrancia. La medida generó fuertes críticas, ya que se trata de personal que no integra las fuerzas de seguridad tradicionales.
Además, el DNU establece que todas las operaciones del sistema de inteligencia tendrán carácter encubierto, lo que, según especialistas y sectores opositores, dificulta los mecanismos de control externo y aumenta la opacidad del sistema.
Centralización del poder
Con el nuevo esquema, la SIDE pasa a coordinar organismos clave como la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la Agencia Federal de Ciberinteligencia, consolidando una fuerte centralización del poder bajo conducción política directa.
Desde diciembre de 2025, la Secretaría de Inteligencia está a cargo de Cristian Aguarda, quien reemplazó a Sergio Neiffert. El decreto ya acumula varios amparos judiciales en distintos puntos del país, aunque ninguno fue tratado aún de fondo durante la feria judicial de enero.
El debate sobre la constitucionalidad del DNU y los límites del accionar de los organismos de inteligencia promete ahora trasladarse a instancias superiores de la Justicia.
Compartir