Involucran a siete tucumanos en una causa por tráfico internacional de armas

Un inusual secuestro de pistolas calibre 9 milímetros en Tucumán fue el punto de partida de una investigación federal sin precedentes en la provincia, que derivó en la identificación de una presunta organización dedicada al tráfico ilegal de armas, con conexiones internacionales. En el marco de la causa, siete tucumanos quedaron involucrados y se realizaron múltiples allanamientos en el Gran San Miguel de Tucumán y el interior provincial.

La investigación es encabezada por el fiscal federal Agustín Chit y se inició en diciembre de 2023, cuando personal de Gendarmería Nacional detuvo un micro de larga distancia en la localidad de Aguilares. El colectivo tenía como destino la provincia de Mendoza y, durante un control de rutina, los efectivos detectaron una actitud nerviosa y hostil por parte de dos pasajeros de nacionalidad chilena.

Al revisar sus pertenencias, los gendarmes hallaron ocho pistolas calibre 9 milímetros y 13 cargadores. Los hombres, identificados como Alejandro Piero Arias Glaria y Francisco Eduardo Cáceres, no contaban con la documentación que acreditara el origen legal del armamento ni con los permisos correspondientes para su transporte, por lo que fueron detenidos de inmediato.

A partir de ese procedimiento, el fiscal Chit y su equipo reconstruyeron la ruta del armamento secuestrado y lograron establecer el funcionamiento de un circuito ilegal de venta de armas en Tucumán, que abastecería el mercado negro y estaría vinculado al tráfico internacional. La pesquisa incluyó el análisis de la trazabilidad de las armas y de información extraída de teléfonos celulares.

Según la acusación, parte de la operatoria habría involucrado a empleados de una armería ubicada en calle Chacabuco al 100, quienes habrían simulado operaciones legales de compraventa de armas registradas a nombre de terceros. Aprovechando su actividad laboral y conocimientos técnicos, habrían captado a personas habilitadas como legítimos usuarios para inscribir armas a su nombre y luego introducirlas en el circuito ilegal, en algunos casos mediante el uso de firmas apócrifas.

La investigación también identificó a tres personas que habrían actuado como “prestanombres”, figurando como compradores legales de armas que luego eran revendidas en el mercado clandestino. Las pistolas secuestradas a los ciudadanos chilenos estaban registradas a nombre de estos usuarios, dos de los cuales se desempeñarían como empleados de una empresa de seguridad privada.

De acuerdo con la causa, la comercialización final de las armas habría estado a cargo de un presunto vendedor ilegal, quien recibía el armamento adquirido de manera irregular y lo distribuía en el mercado negro, utilizando intermediarios para concretar las operaciones. La transacción con los ciudadanos chilenos se habría realizado el 18 de diciembre de 2023 en plaza Alberdi, luego de un fallido intento en un hotel céntrico.

EL ORIGEN DE TODO. Las pistolas que fueron secuestradas en diciembre de 2023 en un procedimiento realizado en Aguilares. 

Al día siguiente, los compradores abordaron un micro con destino a Mendoza y planeaban cruzar la frontera hacia Chile. Según los investigadores, la elección del transporte terrestre respondió a la menor cantidad de controles en comparación con los aeropuertos.

Actualmente, Arias Glaria y Cáceres permanecen detenidos en la cárcel federal de Santiago del Estero, acusados de acopio de armas con fines de tráfico. Para la Justicia, serían eslabones de una organización transnacional dedicada al contrabando de armas de fuego y municiones.

En diciembre de 2024, el fiscal Chit solicitó una serie de allanamientos, los cuales fueron autorizados recientemente por el juez federal Guillermo Díaz Martínez. Durante los procedimientos, se secuestraron armas, municiones, dinero en efectivo y documentación considerada clave para la causa.

En los próximos días, los siete tucumanos involucrados deberán prestar declaración indagatoria, instancia en la que se definirá su situación procesal. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.

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