El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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Lo que nació como una estrategia para frenar el narcotráfico terminó dejando al descubierto un circuito ilegal en plena expansión. El Operativo Lapacho, implementado para controlar el ingreso de drogas a Tucumán, reveló durante 2025 el crecimiento exponencial del contrabando de hojas de coca, una actividad impulsada por una contradicción legal que lleva décadas sin resolverse en la Argentina.
Según datos oficiales, la Policía provincial secuestró más de 16.000 kilos de hojas de coca durante el último año, casi un 300% más que en 2024. El valor estimado de la mercadería supera los $1.500 millones, aunque especialistas advierten que la cifra real podría ser considerablemente mayor según el precio de reventa en el mercado informal.
La paradoja normativa es el motor del negocio: en el país está permitido el consumo tradicional de la hoja (coqueo), pero se prohíben su importación, transporte y comercialización. Como el vegetal no se produce en territorio argentino, toda la cadena queda automáticamente en la ilegalidad. “Es un verdadero problema, pero debemos hacer cumplir las disposiciones vigentes”, señaló Fabio Ferreyra, responsable del plan de control fronterizo provincial.
Los procedimientos dan cuenta de una logística cada vez más sofisticada. El 70% de la coca incautada ingresó desde Salta y el 30% desde Jujuy, con decomisos concentrados en puntos estratégicos como Cabo Vallejo y 7 de Abril, sobre las rutas nacionales 9 y 34. Colalao del Valle aparece como otro nodo clave del circuito.
Lejos de limitarse al NOA, la mercadería tiene alcance nacional. El principal destino fue la provincia de Buenos Aires, seguida por Tucumán y Córdoba. En total, se detectaron envíos hacia 14 provincias, lo que confirma la existencia de organizaciones con estructuras consolidadas. “Hay un primer eslabón en Bolivia, donde la producción es legal; luego la coca cruza de forma clandestina a Salta y desde allí se distribuye al resto del país”, explicó Ferreyra.
Desde el punto de vista judicial, el transporte de hojas de coca suele derivar en infracciones administrativas y multas, y sólo se judicializa a reincidentes o a integrantes de redes de gran escala. La normativa ordena la destrucción del producto, generalmente mediante quema, aunque en muchos casos se inutiliza durante el acopio.
Las similitudes con el narcotráfico son cada vez más evidentes. La principal vía de traslado es la encomienda, seguida por camionetas y los llamados “tours de compra”. Las rutas utilizadas coinciden con las del tráfico de drogas y los paquetes ya incluyen marcas y sellos que indicarían origen o calidad.
Ponerle precio al negocio no es sencillo. En Bolivia el kilo cuesta alrededor de $14.500, mientras que en el mercado informal argentino puede alcanzar los $96.000. En ciudades como Buenos Aires, el valor se triplica respecto del norte del país. Con esos números, lo secuestrado en Tucumán podría haber generado más de $1.600 millones, y los investigadores estiman que lo incautado representa apenas el 30% del total transportado.
A la rentabilidad se suma otro factor clave: la actividad no tributa impuestos. Así, el vacío legal no sólo alimenta un negocio ilegal en expansión, sino que deja al descubierto una economía paralela que el Operativo Lapacho puso en primer plano.
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