El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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En una nueva embestida contra la conducción del fútbol argentino, el Gobierno nacional anunció que el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol para que brinden explicaciones detalladas sobre sus balances contables y financieros.
Según se informó mediante un comunicado oficial, el requerimiento apunta a respaldar gastos e inversiones que, en conjunto, superarían los USD 450 millones: más de USD 111 millones correspondientes a la AFA y más de USD 340 millones a la Liga Profesional.
“El Ministerio de Justicia intimará a la AFA y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y a responder todas las observaciones realizadas, tal como se exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”, señalaron desde el Gobierno.
El comunicado remarca que la AFA, en su carácter de asociación civil sin fines de lucro, deberá presentar documentación que respalde gastos e inversiones vinculadas con actividades que no estarían contempladas en su estatuto social. Además, advirtieron que el incumplimiento o la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades como para sus directivos.
“Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que cualquier asociación o fundación registrada ante la IGJ”, enfatizaron.
Denuncias y causas en marcha
La intimación se suma a otras acciones impulsadas por el Gobierno en los últimos días. El lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por presuntas violaciones al Código de Ética y a las normas anticorrupción del organismo.
En esa presentación se solicitó una investigación preliminar sobre un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según Bullrich, comprometerían los estándares de buena gobernanza exigidos por la Conmebol.
En paralelo, el juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Penal Económico N°10, investiga a la firma Real Central S.R.L. y a dos personas señaladas como presuntos testaferros de altos dirigentes de la AFA. De acuerdo con la causa, la empresa habría sido utilizada para la tenencia de bienes que no guardan relación con la capacidad económica declarada de sus titulares.
Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, harás, pista de entrenamiento equino y una colección de vehículos de lujo. El inmueble pasó por distintas manos en los últimos años, entre ellas la del ex futbolista Carlos Tévez, Malte S.R.L. —proveedora oficial de la AFA— y, finalmente, Real Central S.R.L.
La denuncia también pone el foco en contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas a ex directivos del organismo, como el caso de Malte S.R.L., que habría sido contratada por un monto cercano a los USD 550.000 para la finalización del sistema VAR.
La respuesta de la AFA
Desde la AFA rechazaron las acusaciones y denunciaron una “evidente persecución política” contra sus autoridades. En un comunicado, señalaron que enfrentaron “un ataque coordinado” por parte de funcionarios y legisladores nacionales, y cuestionaron los intentos de la IGJ de intervenir en la vida institucional de la entidad.
Asimismo, criticaron la postura del Poder Ejecutivo a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas, al considerar que atenta contra la autonomía de los clubes y el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro.
“Mientras algunos critican desde afuera, nosotros seguimos trabajando para que el fútbol argentino siga creciendo. En la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol”, concluyeron.
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