El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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Con un clima de fuerte tensión institucional y expectativas de cruces duros, este lunes desde las 9 se llevará a cabo la audiencia pública convocada por el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) para analizar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) solicitada por EDET, la empresa concesionaria del servicio de distribución eléctrica en la provincia.
El encuentro tendrá lugar en el Hotel Sheraton Tucumán y contará con la participación de alrededor de 40 oradores inscriptos, quienes expondrán sus posiciones sobre el esquema tarifario que regirá durante los próximos cinco años. La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución 1.168/25 y constituye el primer paso formal hacia una eventual suba en la tarifa que pagan los usuarios tucumanos, actualmente considerada una de las más elevadas del país.
Entre los participantes se encuentran representantes de EDET, funcionarios del organismo regulador encabezados por su interventor, José Ricardo Ascárate, referentes sindicales, organizaciones no gubernamentales, usuarios particulares y autoridades institucionales. Se destacan la presencia del defensor del Pueblo, Eduardo “Lalo” Cobos, y de los legisladores Alberto Olea y José Seleme, presidente y vicepresidente de la comisión de Energía y Comunicaciones de la Legislatura.
No obstante, desde distintos sectores se advirtió una escasa participación de autoridades provinciales en un debate calificado como estratégico. Apenas dos de los 49 legisladores se inscribieron como oradores y no hubo anotaciones por parte de intendentes ni de los 93 comisionados rurales, pese a las reiteradas críticas hacia la distribuidora que suelen expresarse en el ámbito político.
El listado definitivo de expositores fue elevado por los instructores de la audiencia —los abogados Leonardo von Büren, Elena Peluffo y Gonzalo Lucchini— y confirma que la delegación de EDET será encabezada por Ernesto San Miguel. También participarán la defensora del Usuario del Ersept, Silvia Elena López; la consultora BA Energy Solutions; y representantes del Sindicato de Luz y Fuerza de Tucumán.
Según lo establecido por el ente regulador, los representantes institucionales dispondrán de hasta 20 minutos para sus exposiciones, mientras que los oradores particulares tendrán un máximo de 15. La audiencia se desarrollará bajo una modalidad mixta, presencial y virtual, retomando la presencialidad plena luego de más de una década, ya que la última experiencia similar se realizó en 2020 durante la pandemia. La transmisión será en vivo a través del sitio oficial del Ersept y la grabación quedará archivada por un período mínimo de 10 años.
El temario incluye, además de la RTI correspondiente al período comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 y el 4 de agosto de 2030, el análisis del plan obligatorio de obras, el transporte de energía eléctrica, los regímenes de calidad del servicio y sanciones, la extensión de redes, el cuadro tarifario, los programas de eficiencia energética, la contabilidad regulatoria, las energías renovables, la generación distribuida y el esquema de transición energética.
Desde el sector de los usuarios, la Unión de Usuarios y Consumidores –filial NOA– anticipó fuertes cuestionamientos. Su representante, el abogado Miguel Francisco Paz, adelantó que se pondrá el foco en la rentabilidad reconocida a la empresa y en la estructura de las categorías tarifarias. También se objetará el fuerte salto que se produce al superar determinados niveles de consumo, se propondrá ampliar la cantidad de estratos y se reclamará que los beneficios por eficiencia energética impacten en la factura de manera trimestral y no anual. Además, se manifestará preocupación por la reducción de subsidios nacionales y su impacto sobre la tarifa social.
En la misma línea crítica, el consultor en servicios públicos José Ramón Vilte Grande advirtió que el esquema actual termina trasladando a los usuarios costos derivados de ineficiencias, fraudes y falta de control. Señaló que, mientras las pérdidas técnicas razonables deberían ubicarse entre el 8% y el 10%, históricamente se llegaron a reconocer niveles de hasta el 34%, lo que implica —según remarcó— cobrar a los usuarios por energía que no reciben ni consumen.
Finalizada la audiencia, el Ersept contará con un plazo de hasta dos meses para definir el nuevo cuadro tarifario. Una vez dictada la resolución, se abrirá un período de 15 días para la presentación de impugnaciones mediante recurso de alzada. El debate que comienza este lunes marcará, así, el inicio de una decisión que impactará de lleno en el bolsillo de los tucumanos durante los próximos cinco años.
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