Continúan los escándalos policiales en Tucumán: allanan 10 domicilios de jefes de comisarías por una denuncia de coimas

La crisis interna dentro de la Policía de Tucumán sumó hoy un nuevo capítulo. Mientras el caso del ex jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, sigue generando repercusiones por el presunto uso de presos para trabajos particulares en un inmueble ubicado en un terreno fiscal, ahora salió a la luz otro grave episodio que involucra a altos mandos de la fuerza.

Este martes 10 de noviembre, la Unidad Fiscal de Investigación en Delitos Complejos (UFI), a cargo de la fiscala Mariana Rivadeneira, dispuso 10 allanamientos simultáneos en domicilios pertenecientes a jefes de comisarías de distintas jurisdicciones.
La medida forma parte de una investigación iniciada tras una denuncia por exacciones ilegales, es decir, el presunto cobro de coimas.

Secuestro de armas y dispositivos electrónicos

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, los procedimientos arrojaron resultados positivos:

  • se secuestraron armas de fuego,

  • teléfonos celulares,

  • y otros dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa.

En el operativo intervinieron la fiscala Rivadeneira, la secretaria adversarial Brenda Deroy, personal de la UFI y equipos del ECIF. Las tareas comenzaron durante las primeras horas de la mañana.

Un escenario de tensión creciente

Si bien este hecho no guarda relación directa con el caso Beltrán, ambos sucesos se desarrollan en un contexto de fuerte conmoción dentro de la Policía provincial, que en las últimas semanas quedó atravesada por denuncias de irregularidades, maniobras ilegales y presuntas prácticas delictivas dentro de la estructura jerárquica.

La investigación por el presunto pedido de coimas recién inicia, mientras que el expediente vinculado a Beltrán avanza con diversas medidas administrativas y judiciales. En ambas causas, la fiscala Rivadeneira cumple un rol clave.

Estos acontecimientos profundizan el clima de tensión interna y mantienen en alerta tanto a las autoridades del Ministerio de Seguridad como al Poder Judicial.

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