El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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El Ministerio Público Fiscal (MPF) se encuentra a la espera de un informe clave que permitirá avanzar sobre la situación de los policías investigados por cobrar sobornos millonarios, usurpar viviendas y utilizar a presos para realizar trabajos particulares. Las causas, que se desarrollan en paralelo, exponen una trama de corrupción policial que involucra tanto a efectivos en actividad como a exfuncionarios.
Coimas por liberar fiestas: la ruta de los pagos semanales
La primera denuncia fue presentada por una mujer que afirmó haber pagado entre $800.000 y $1,5 millones por semana a policías de la Unidad Regional Norte (URN) para evitar operativos que interrumpieran fiestas que organizaba en Lomas de Tafí, Tafí Viejo y Yerba Buena.
La fiscal Mariana Rivadeneira dispuso 10 allanamientos en casas de policías y particulares, donde se incautaron celulares y documentación. Entre las pruebas, se encontraron capturas de chats y comprobantes de transferencias, incluso una realizada a una cuenta donde un comisario cobra su salario. Aunque no hubo detenciones, las sospechas apuntan a una estructura consolidada de recaudación ilegal.
Presos usados como albañiles: el otro escándalo que sacudió a la URN
Una semana antes, otro expediente había encendido las alarmas: un operativo dirigido por el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa descubrió que el entonces jefe de la URN, Gustavo Beltrán, utilizaba a cuatro condenados y a dos policías para refaccionar una casa ubicada en terrenos fiscales en El Cadillal.
El caso dejó como saldo:
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Prisión preventiva para Beltrán y dos sargentos.
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Disponibilidad para al menos ocho efectivos más.
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Expulsión de la fuerza de Beltrán, su segundo Sergio Juárez y el comisario Walter Colombres.
Beltrán, Juárez y Colombres aparecen involucrados en ambos expedientes, lo que incrementa la preocupación institucional.
Usurpación y venta de viviendas: una red delictiva de alto impacto
Ese mismo día, en otro frente judicial, fueron detenidos el comisario retirado Jorge Mastafá y el comisario en actividad Marcelo Soraire. Están acusados de integrar una asociación ilícita que identificaba viviendas con problemas sucesorios o sin herederos, falsificaba documentos y las vendía de manera fraudulenta.
La fiscal María del Carmen Reuter sostiene que:
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Los policías detectaban inmuebles vulnerables.
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Facilitaban documentación apócrifa.
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Obstaculizaban denuncias para asegurar operaciones.
El caso surgió al analizar el celular del policía Edgardo Daniel Chavarría, inicialmente investigado por quedarse con alquileres de un centro comercial, donde se hallaron mensajes que revelaron maniobras más complejas. También están involucrados civiles y un abogado.
La respuesta oficial: depuración, pero sin cambios en la cúpula
Desde la Jefatura de Policía, el jefe Joaquín Girvau fue contundente:
“Si se confirma, no sólo quedarán fuera de la fuerza. Esperamos que reciban el máximo castigo que establece la Ley”.
El ministro Agüero Gamboa remarcó que los casos forman parte de un proceso de depuración:
“Por 10, 15 o 20 efectivos que no merecen el uniforme, no puede mancharse a una fuerza de más de 13.400 personas”.
A pesar de la gravedad de los hechos, el Gobierno informó que no habrá cambios en la cúpula policial por el momento, y que seguirán colaborando con la Justicia.
Un momento decisivo para la credibilidad de la fuerza
Con dos expedientes avanzando, un número creciente de implicados y tensiones en aumento, la Policía de Tucumán enfrenta una de las crisis institucionales más delicadas de los últimos años. Las próximas resoluciones judiciales serán clave para definir sanciones, responsabilidades y el futuro de los involucrados.
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