El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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El gobierno de Javier Milei avanza con el objetivo de sancionar la reforma laboral en febrero, durante el segundo tramo de sesiones extraordinarias del Congreso. Aunque las instancias formales comenzarán la semana próxima, los contactos políticos informales ya están en marcha y el rol de los gobernadores aparece como determinante para alcanzar los votos necesarios.
El próximo viernes, la mesa política del oficialismo se reunirá para terminar de definir la estrategia legislativa, mientras que una comisión técnica del Senado analizará las observaciones presentadas por la CGT y las entidades empresarias. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, inició una ronda de reuniones con mandatarios provinciales: ya visitó Chubut y tiene previstos viajes a Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco.
En simultáneo, Patricia Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabajan para aceitar los acuerdos en ambas cámaras. La propia Bullrich reconoció públicamente que el dictamen aprobado a fines de 2025 está abierto a modificaciones. “El objetivo es votar la ley, y así como hubo cambios en la Ley Bases, va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, afirmó.
El escenario en el Senado
En la Cámara alta, el oficialismo parte de una base de 21 votos propios, por lo que necesita sumar 16 voluntades más para alcanzar el quórum. La principal apuesta está puesta en los senadores radicales y en aquellos que responden directamente a gobernadores provinciales.
Entre los radicales denominados “sin techo” figuran Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa). En tanto, otros legisladores de la UCR mantienen vínculos directos con sus gobernadores, como Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), Carolina Losada y Eduardo Galaretto (Santa Fe), Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza) y Silvana Schneider (Chaco). Todos ellos acompañaron al oficialismo en la votación del Presupuesto 2026.
La primera visita de Santilli a Chubut no fue casual: allí se reunió con el gobernador Ignacio Torres, quien podría influir en los votos de Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO).
En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz mantiene diálogo fluido con la Casa Rosada y podría incidir en el apoyo de Flavia Royón. La buena sintonía quedó expuesta en la última sesión de Diputados, cuando oficialismo y provincia acordaron la designación de Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación, un entendimiento que generó malestar en sectores del PRO y la UCR.
Misiones también aparece como un aliado clave. Sus senadores, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, responden a Carlos Rovira y ya acompañaron al oficialismo en votaciones clave durante 2025, en un contexto en el que la provincia fue una de las más beneficiadas con Aportes del Tesoro Nacional.
Desde el peronismo no alineado, el catamarqueño Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada, mientras que el tucumano Osvaldo Jaldo podría sumar los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. Ambos gobernadores mantuvieron gestos de acercamiento con la Casa Rosada en los últimos meses.
Los últimos votos decisivos podrían provenir de Santa Cruz y Neuquén, donde los gobernadores Claudio Vidal y Rolando Figueroa influyen sobre Natalia Gadano, José María Carambia y Julieta Corroza. El respaldo de Vidal aparece como el más complejo, debido a su origen sindical, aunque en el oficialismo creen que la modificación de la Ley de Glaciares, que ampliaría zonas habilitadas para la minería, podría funcionar como moneda de cambio.
El foco del conflicto: el capítulo tributario
Las principales resistencias de los gobernadores —tanto aliados como opositores— se concentran en el impacto fiscal de la reforma. Las provincias advierten que las reducciones de alícuotas del Impuesto a las Ganancias a empresas implicarían una pérdida de más de $1 billón en recursos coparticipables, afectando especialmente a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Además, el proyecto prevé la eliminación de impuestos a los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y determinados vehículos, embarcaciones y aeronaves, lo que desde la oposición es denunciado como una reforma tributaria encubierta que perjudica directamente a las provincias.
Por este motivo, el margen de concesiones que el Gobierno esté dispuesto a otorgar en el capítulo tributario será clave para destrabar los acuerdos.
Diputados, otro desafío
En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con una base de 95 votos propios, a los que se suman 12 del PRO y 2 del MID, quedando a 20 voluntades del quórum de 129. Nuevamente, los gobernadores aparecen como actores centrales.
Los peronistas aliados de Tucumán y Catamarca podrían aportar seis votos, mientras que Misiones y Salta sumarían otros siete. San Juan, Neuquén, Santa Cruz y San Luis aportarían cinco más, y el radicalismo cuenta con otros siete votos potenciales.
La UCR, que firmó el dictamen oficialista en el Senado y ya había impulsado su propia reforma laboral durante el debate de la Ley Bases, aún analiza posibles modificaciones. Entre sus propuestas históricas se destacan la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos y la creación de un fondo de cese laboral.
Si bien el panorama aparece favorable para el oficialismo, el desenlace de la negociación dependerá de hasta dónde el Gobierno esté dispuesto a ceder en materia tributaria, el punto donde hoy se concentran las mayores resistencias provinciales.
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