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Una resolución del juez Lucas Taboada restringe durante seis meses la labor de un canal de televisión y sus trabajadores. La medida fue impulsada por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, quien denunció una “campaña de hostigamiento” en su contra.
Una medida que genera preocupación
En una decisión que encendió la polémica, la Justicia de Tucumán dictó una medida cautelar que prohíbe al canal Compañía de Circuitos Cerrados (CCC) y a sus periodistas, productores y conductores emitir críticas hacia jueces y fiscales provinciales.
La resolución, firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, establece que durante seis meses no podrán difundirse contenidos —por televisión, radio o redes— que “injurien, desacrediten o distorsionen” la labor judicial. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones por desobediencia judicial.
El origen del conflicto
El fallo responde a una denuncia del ministro fiscal Edmundo Jesús Jiménez, quien acusó al canal y a su director Gustavo Olarte de llevar adelante una “campaña de desprestigio y hostigamiento” contra fiscales y el sistema judicial.
Según el texto judicial, CCC habría difundido “expresiones tendenciosas y maliciosas” con el objetivo de “socavar la confianza pública en la administración de justicia”.
La postura del gobernador Jaldo
Consultado sobre la decisión, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó:
“Son decisiones judiciales y deben respetarse. Existen los caminos legales para revertirlas si alguien las considera injustas. En democracia, lo importante es que los poderes del Estado funcionen con independencia”.
Rechazo de organizaciones periodísticas
La medida generó un fuerte repudio de organizaciones vinculadas al periodismo y los derechos humanos. Desde la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) calificaron la decisión como “un atentado directo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La Constitución Argentina y la Convención Americana de Derechos Humanos prohíben toda forma de censura previa. Solo pueden existir responsabilidades posteriores, pero nunca impedir la libre difusión de ideas”, remarcaron desde la entidad.
También se sumaron críticas de otras instituciones que consideraron que el fallo “afecta el derecho a la información” y representa “un grave retroceso institucional” en materia de libertades públicas.
Entidades periodísticas rechazaron el fallo judicial y el accionar de Jiménez
Un precedente preocupante
Diversos sectores advirtieron que la decisión marca un precedente peligroso para la libertad de prensa en Tucumán, al limitar la posibilidad de los medios de comunicación de analizar y cuestionar el funcionamiento del Poder Judicial.
La situación abre un nuevo debate sobre los límites entre el respeto institucional y el derecho constitucional a informar y opinar libremente, pilares esenciales de toda democracia.
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