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DE LA CÁRCEL A LA CASA. Javier “Chuky” Casanova llegaba al penal de Benjamín Paz, desde donde había sido beneficiado con prisión domiciliaria en medio de un escándalo que sacude al Servicio Penitenciario.
Un ataque a balazos contra la vivienda de una trabajadora del Centro de Monitoreo, ocurrido durante la madrugada del sábado, abrió una nueva línea de investigación en una causa que ya se encontraba bajo lupa: la secuencia irregular que permitió que Javier “Chuky” Casanova —procesado por narcomenudeo y por su presunta participación en un tiroteo entre bandas— obtuviera arresto domiciliario y, según los registros, abandonara su hogar sin autorización.
Un caso plagado de inconsistencias
Casanova había sido detenido en septiembre, tras una orden del fiscal Mariano Fernández. En su domicilio se hallaron alrededor de 100 dosis de cocaína y elementos que lo vincularían a una balacera investigada por otra unidad fiscal. Por ambos hechos se le impuso prisión preventiva.
El 11 de diciembre, durante una audiencia, el fiscal José Sanjuán solicitó extender la medida. Aunque el juez Guillermo Taylor prorrogó la preventiva, también concedió arresto domiciliario con monitoreo electrónico, aclarando que esta resolución no debía interferir con otra medida previa de la jueza Soledad Hernández, que ordenaba mantenerlo detenido hasta el 26 de diciembre. Sin embargo, esa disposición no se cumplió.
Al notar irregularidades, el fiscal Fernández inició una investigación interna. Hasta ahora detectó una serie de hechos que encendieron alarmas:
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Falta de pulseras. El miércoles 12 a las 15.30, el organismo informó que no había tobilleras disponibles. Aun así, Casanova apareció en su casa cerca de la medianoche con un dispositivo colocado.
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Informe exprés. El estudio técnico necesario para habilitar el monitoreo —que suele tardar al menos 24 horas— se habría completado en pocas horas.
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Fallas de comunicación. La Policía, que debía realizar rondas de control ante la falta de pulsera, nunca recibió la notificación judicial.
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Salida no autorizada. A las 6.04 del jueves 13, el Centro de Monitoreo registró que Casanova había abandonado su domicilio. Personal del Servicio Penitenciario llegó 86 minutos después y habría corroborado su ausencia. La defensa lo niega.
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Aviso tardío. Recién a las 9.44 se informó la novedad a las autoridades judiciales. Más tarde, Casanova fue encontrado en su casa y trasladado nuevamente al penal.
Un ataque que cambia el rumbo de la causa
El sábado, la casa de la operadora civil que detectó la salida del imputado fue atacada a tiros. La trabajadora había firmado el informe que advertía sobre la posible fuga.
“Fue un mensaje claro”, señaló una fuente cercana a la investigación.
La empleada ya denunció formalmente el hecho, y el fiscal Fernández evalúa incorporar la balacera al expediente principal, debido a la posible conexión entre su informe y el ataque.
La defensa de Casanova negó cualquier vínculo con la agresión:
“No sería capaz de entorpecer la investigación cuando está cerca de ser sobreseído. Esto puede ser una maniobra en su contra”, sostuvo su abogado, Facundo Herrera.
Sospechas internas y un sistema en la mira
Para los investigadores, la atención se centra ahora en el Servicio Penitenciario: sólo quienes tienen acceso al sistema habrían podido conocer la identidad de la operadora que reportó la irregularidad. Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que se abrió un sumario administrativo, cuyo resultado será elevado a la Justicia, en paralelo al proceso penal.
El caso vuelve a poner en cuestión el manejo del monitoreo electrónico, la cadena de comunicaciones entre organismos y los controles internos del sistema penitenciario. Tras el ataque a tiros, la trama adquiere un componente de intimidación que profundiza la preocupación judicial: ya no se trata sólo de un detenido con antecedentes por violencia y drogas, sino de posibles filtraciones, complicidades y maniobras para evitar los controles desde adentro del propio Estado.
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