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La decisión judicial de dictar prisión preventiva contra dos jóvenes de Concepción por la golpiza ocurrida a la salida de un boliche en Tafí del Valle generó una fuerte controversia. En ese contexto, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, rompió el silencio y cuestionó con dureza el accionar de la Justicia al advertir que “no se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”.
El jefe municipal se refirió a la situación de Santiago Bagne (18) y César Máximo Carreras (19), quienes fueron trasladados al penal de Benjamín Paz por un plazo de 30 días. La medida provocó una fuerte reacción en Concepción, donde se realizó una marcha para pedir la liberación de los jóvenes, movilización de la que el propio Molinuevo formó parte.
Según explicó, su participación respondió a una convicción personal y profesional. “No hablo como intendente, hablo como vecino y como abogado. Lo que pasó fue una decisión apresurada, sin pruebas claras que la sostengan”, afirmó.
Molinuevo puso el foco en los requisitos legales que deben cumplirse para ordenar una prisión preventiva y sostuvo que en este caso no se verifica ninguno de ellos. Aseguró que durante la audiencia judicial, en la que participaron numerosos abogados, el análisis de las pruebas debilitó la acusación. “Las lesiones fueron calificadas como leves, los videos no comprometen a los detenidos e incluso la propia víctima incurrió en contradicciones”, señaló.
Pese a ese escenario, el juez resolvió el traslado inmediato de los jóvenes a una cárcel de máxima seguridad. Para el intendente, la medida fue desproporcionada. “No fue una detención común, fue una prisión preventiva que marca a dos chicos como culpables antes de que exista una condena”, expresó.
Uno de los ejes centrales de sus declaraciones fue el rechazo a la comparación del caso con el crimen de Fernando Báez Sosa. “No hubo patota, no hubo planificación ni intención homicida. Equiparar los hechos es un error grave que alimenta una condena social anticipada”, advirtió.
El intendente fue más allá y denunció una supuesta presión política sobre la Justicia. “Cuando desde el Poder Ejecutivo se habla públicamente de ‘patoteros’ y se anticipa un destino carcelario, se condiciona la decisión de un juez”, afirmó, y se mostró confiado en que la resolución será revisada en una instancia superior.
También cuestionó el operativo policial desplegado para concretar las detenciones, al que calificó de desmedido. “Rompieron una puerta y redujeron a una madre en el piso, como si se tratara de delincuentes extremadamente peligrosos. Eso es inadmisible”, sostuvo.
Molinuevo negó además cualquier vínculo personal con las familias de los detenidos y rechazó acusaciones de favoritismo. “En una ciudad chica nos conocemos todos, pero mi postura no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una injusticia”, remarcó.
Finalmente, expresó su preocupación por la estigmatización que alcanzó al rugby y a un club deportivo local. “No se puede condenar a un deporte ni a una institución entera. Si alguien es culpable, que se lo sancione con pruebas, no con prejuicios”, concluyó.
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