El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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La Justicia argentina solicitó formalmente la extradición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que sea juzgado en el país por delitos de lesa humanidad. La medida fue impulsada por el juez federal Sebastián Ramos, mientras el líder chavista permanece detenido en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo.
El pedido se enmarca en una causa que investiga graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela. A comienzos de este año, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó el inicio de los trámites de extradición para que Maduro sea indagado en la Argentina.
Según consta en el documento judicial, al que tuvo acceso TN, la solicitud responde a una presentación realizada por los abogados del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), querellantes en la causa abierta en los tribunales federales argentinos.
En su escrito, Stornelli sostuvo que la detención de Maduro en territorio estadounidense habilita una vía concreta para hacer efectiva la orden de captura internacional que la Justicia argentina había emitido en septiembre de 2024. En ese sentido, pidió que se active el “procedimiento de extradición activa” para someterlo al proceso judicial en el país.
La resolución judicial ordena la detención y declaración indagatoria del mandatario venezolano y dispone el envío de un exhorto internacional a Estados Unidos, en el marco del Tratado de Extradición firmado entre ambos países el 10 de junio de 1997. El objetivo es que Maduro sea trasladado a la Argentina para cumplir con lo establecido en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.
Cabe recordar que en 2024 la Cámara Federal porteña ordenó la reapertura de la investigación y solicitó al juez Ramos la activación de alertas rojas de Interpol, al considerar que en Venezuela “existen situaciones de violaciones a los derechos humanos que configurarían crímenes de lesa humanidad”.
Ese fallo habilitó la jurisdicción argentina para intervenir en la causa, al entender que no existen garantías de justicia en el país de origen del acusado.
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