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El Congreso inicia este lunes el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero. La agenda estará marcada por proyectos clave para el Gobierno, con la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil como ejes centrales de un debate que ya genera tensiones políticas y negociaciones con las provincias.
La convocatoria fue formalizada a través del Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero, que habilita el tratamiento exclusivo de las iniciativas incluidas en su anexo. De esta manera, el Ejecutivo fijó un marco temporal y temático acotado, limitando el margen de acción del Parlamento por fuera del período ordinario.
En este contexto, la Casa Rosada busca avanzar con su paquete de reformas antes de la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. Además de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, continúan abiertas discusiones sensibles como la modificación de la Ley de Glaciares y la posible sanción de una ley de emergencia por los incendios en la Patagonia.
La estrategia oficial combina reuniones de la mesa política, diálogo con gobernadores y negociaciones con bloques aliados, aunque el Gobierno reconoce que los votos aún no están garantizados, especialmente en el Senado.
Un temario acotado y bajo control presidencial
Entre los proyectos habilitados para las sesiones extraordinarias figuran la Ley de Modernización Laboral, la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario y el eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que aún debe ser remitido por el Ejecutivo.
En los últimos días, el Gobierno confirmó además la incorporación de la Ley Penal Juvenil y no descartó sumar nuevas iniciativas. En ese marco, tomó fuerza la posibilidad de debatir una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, reclamada por gobernadores del sur en medio de los incendios forestales y respaldada por el PRO, uno de los principales aliados parlamentarios de Milei.
Reforma laboral: el capítulo fiscal complica las negociaciones
La reforma laboral aparece como el proyecto central del temario, pero también como el que enfrenta mayores resistencias. El principal punto de conflicto con los gobernadores está en el capítulo tributario, especialmente en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta directamente en los fondos coparticipables.
La iniciativa propone bajar la alícuota del 30% al 27% para el tramo 2 y del 35% al 31,5% para el tramo 3. Según estimaciones basadas en el Presupuesto 2026, la pérdida total de recaudación sería de $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias. En promedio, las jurisdicciones dejarían de percibir unos $144.000 millones mensuales durante 2026.
Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene contactos con mandatarios provinciales en busca de apoyos, en la Casa Rosada conviven dos posturas: una que busca sostener el proyecto sin cambios y otra que admite ajustes para destrabar votos. El oficialismo apunta a obtener la media sanción en febrero, aunque reconoce que las negociaciones siguen abiertas.
En la previa del debate, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la iniciativa y aseguró que “fortalece los derechos de los trabajadores” y promueve la creación de empleo formal al reducir costos que hoy desalientan la contratación. No obstante, varios gobernadores dialoguistas condicionaron su apoyo a la implementación de un mecanismo de compensación por la pérdida de recursos.
Según trascendió, el Gobierno evalúa un esquema de compensaciones paralelas para las provincias, con el objetivo de mitigar el impacto fiscal de la medida, que comenzaría a regir a partir de 2027 en caso de ser aprobada.
Baja de la edad de imputabilidad y debate penal
Otro de los proyectos que el Ejecutivo busca impulsar es la Ley Penal Juvenil, con la intención de bajar la edad de imputabilidad. La propuesta original fija el límite en 13 años, aunque en el Gobierno admiten que podría elevarse a 14 si no se alcanzan los consensos necesarios.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la inclusión del proyecto en el temario a través de sus redes sociales, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó su tratamiento inmediato al señalar: “No más excusas ni dilaciones”.
El antecedente más cercano es el dictamen alcanzado el año pasado en Diputados, donde se consensuó una baja a 14 años, con penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores. Desde sectores dialoguistas advirtieron sobre la falta de infraestructura y recursos, mientras que el PRO alertó que una baja a 13 años duplicaría la cantidad de menores alojados en el sistema penal.
El oficialismo prevé que el debate comience en Diputados durante la segunda semana de febrero y no descarta que el proyecto llegue al Senado recién con el inicio de las sesiones ordinarias en marzo.
Mesa política, aliados y presión opositora
En la antesala del inicio de las extraordinarias, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para definir la estrategia legislativa. El encuentro fue encabezado por Adorni y contó con la participación de Karina Milei, Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Bullrich y Santiago Caputo.
Bullrich también mantuvo reuniones con representantes de bloques dialoguistas del Senado y aseguró que el acuerdo por la reforma laboral “está consolidado”, aunque reconoció reclamos puntuales de algunos legisladores.
En paralelo, el kirchnerismo intensificó la presión sobre los gobernadores para que rechacen la reforma. El senador Mariano Recalde sostuvo que aún hay “al menos 15 senadores que no definieron su voto” y respaldó el rol de la CGT en el rechazo al proyecto. Los gremios combativos, en tanto, anunciaron movilizaciones para el día en que la iniciativa se trate en el Senado.
El clima político se tensó aún más tras el cruce entre el Gobierno y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, luego de que el mandatario cuestionara la reforma laboral y recibiera duras respuestas por parte de funcionarios nacionales en redes sociales, profundizando la confrontación en la previa del debate parlamentario.
Fuente: TN
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