El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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El Parlamento Europeo decidió frenar el avance del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y remitió el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su validez legal. La resolución fue adoptada este miércoles en Estrasburgo por una votación muy ajustada: 334 votos a favor y 324 en contra.
Con esta decisión, el tribunal con sede en Luxemburgo deberá analizar si el acuerdo, recientemente firmado en Paraguay, es compatible con los tratados fundacionales del bloque comunitario, integrado por 27 países. Desde la previa, distintos sectores del Parlamento habían anticipado que la votación sería reñida debido a las fuertes divisiones internas.
Desde la Comisión Europea, el vocero Olof Gill cuestionó la decisión del Parlamento al señalar que, según el análisis del Ejecutivo comunitario, las objeciones planteadas “no están justificadas”. No obstante, aclaró que la Comisión conserva la facultad de aplicar el acuerdo de manera provisional mientras se sustancia el proceso judicial.
Gill sostuvo además que las preocupaciones expresadas por los eurodiputados no son nuevas y que ya fueron abordadas en tratados comerciales anteriores, como el firmado con Chile. Tras la votación, indicó que el tema podría ser tratado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en una cumbre extraordinaria prevista para este jueves, convocada inicialmente para debatir las relaciones con Estados Unidos.
Consultado sobre la posibilidad de avanzar con una aplicación provisoria del acuerdo antes del pronunciamiento del TJUE, el vocero explicó que la Comisión continuará dialogando con los legisladores para explicar por qué consideran que el tratado puede ser respaldado “con confianza” y destacó su “importancia estratégica” tanto en términos económicos como geopolíticos para la Unión Europea.
Las claves del freno al acuerdo
Entre los puntos que generan mayor controversia se encuentra la validez legal del denominado “mecanismo de reequilibrio” incluido en el acuerdo, que algunos eurodiputados consideran una posible amenaza a la autonomía regulatoria de la UE. También se cuestiona la base legal utilizada para su aprobación, que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin la intervención de los parlamentos nacionales.
Según estimaciones del propio Tribunal de Justicia de la UE, este tipo de dictámenes suelen demorar entre 18 y 24 meses, aunque el organismo cuenta con la potestad de acelerar los tiempos si las circunstancias lo requieren.
Francia, uno de los principales opositores al acuerdo UE-Mercosur, respaldó la decisión del Parlamento Europeo. Desde la cancillería francesa afirmaron que el voto fue coherente con la postura del país, que mantiene un rechazo explícito al tratado. En paralelo, organizaciones de agricultores celebraron la resolución y se manifestaron frente al Parlamento Europeo, reclamando que la Justicia se expida sobre la legalidad del acuerdo.
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