El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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La Legislatura de Tucumán recibió un proyecto de ley que propone un cambio profundo en el funcionamiento del sistema judicial provincial. El legislador Agustín Romano Norri (UCR) formalizó una iniciativa para instaurar el Juicio por Jurados, una herramienta prevista en la Constitución que aún no fue plenamente implementada en la provincia y que apunta a democratizar la Justicia y dotar de mayor transparencia a los procesos penales.
La propuesta establece que el juicio por jurados será obligatorio para aquellos delitos cuya pena máxima en abstracto sea de 15 años o más de prisión o reclusión. En estos casos, la determinación de la culpabilidad o inocencia del acusado no quedará exclusivamente en manos de jueces técnicos, sino que será definida por un cuerpo integrado por ciudadanos.
Entre los principales puntos del proyecto se destacan la integración del jurado por 12 miembros titulares y al menos dos suplentes, la paridad de género obligatoria —con seis hombres y seis mujeres— y la exigencia de un veredicto unánime para dictar una condena. Además, los jurados serán seleccionados por sorteo del padrón electoral y deberán atravesar una audiencia de voir dire destinada a garantizar su imparcialidad y descartar posibles prejuicios o conflictos de interés.
En los fundamentos de la iniciativa, Romano Norri remarcó que el juicio por jurados constituye una manda de la Constitución Nacional, establecida en los artículos 24, 75 inciso 12 y 118, y que Tucumán mantiene como una deuda institucional. Según el legislador, este sistema no solo contribuye a agilizar los procesos judiciales, sino que también obliga a las partes a expresarse con un lenguaje claro y accesible, acercando la Justicia a la ciudadanía.
“La participación del ciudadano común en la administración de justicia otorga una legitimidad que hoy el sistema estrictamente técnico ha perdido frente a la sociedad”, sostiene el texto del proyecto.
Para integrar un jurado, los ciudadanos deberán ser argentinos —nativos o naturalizados—, tener entre 18 y 75 años, comprender el idioma nacional y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos. Quedan excluidos de esta carga pública los funcionarios políticos de alto rango, integrantes de las fuerzas de seguridad, abogados, escribanos y personas con causas penales en trámite.
La iniciativa ingresa en un contexto marcado por una fuerte demanda social de mayor seguridad y transparencia judicial. En caso de ser aprobada, Tucumán se sumaría a provincias como Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y Neuquén, que ya aplican el sistema de juicios por jurados con resultados positivos.
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