El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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Durante años, Nicolás Maduro, su entorno político y la cúpula de las fuerzas armadas venezolanas fueron investigados por la Justicia de Estados Unidos como presuntos líderes de organizaciones narco criminales. Esa acusación tomó mayor relevancia tras la decisión de Donald Trump de avanzar militarmente contra Venezuela, con bombardeos selectivos cuyo objetivo principal fue la captura del presidente, buscado por tribunales de Nueva York como supuesto jefe del denominado Cartel de los Soles.
Según Washington, esta estructura tendría su origen dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin embargo, especialistas coinciden en que no se trata de un cartel tradicional. Mike LaSusa, subdirector de contenidos de Insight Crime, explicó que el Cartel de los Soles “no es un grupo en sí mismo”, sino “un sistema de corrupción generalizada” que habría sido tolerado y aprovechado desde las más altas esferas del poder en Venezuela.
Además de Maduro, otros funcionarios de peso quedaron bajo la lupa. Uno de ellos es Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, sobre quien pesa un pedido de captura internacional con una recompensa de 50 millones de dólares, el mismo monto que se ofrecía por el mandatario venezolano. Finalmente, fuerzas estadounidenses lograron detener a Maduro, a quien la Casa Blanca calificó como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.
Aunque nunca se pudo probar judicialmente la existencia formal del Cartel de los Soles, sus primeras menciones datan de 1993, cuando surgieron investigaciones vinculadas al desmantelamiento del cartel de Medellín en Colombia. En ese entonces, las actividades se concentraban en el contrabando de oro, coltán y piedras preciosas, pero con el paso del tiempo las acusaciones comenzaron a apuntar directamente al tráfico de cocaína producida en países vecinos.
El término “Cartel de los Soles” se utilizó por primera vez para investigar al jefe de la unidad antinarcóticos de Venezuela, Ramón Guillén Dávila, y a su sucesor, Orlando Hernández Villegas. El nombre proviene del emblema solar que portaban en sus uniformes los miembros de la Guardia Nacional. Aunque la Justicia venezolana anuló esas investigaciones en 1998, Guillén fue condenado en Miami por traficar cerca de 22 toneladas de cocaína entre 1987 y 1991.
Las causas también involucraron a generales de la Guardia Nacional, acusados de recibir sobornos para facilitar el paso de la droga. No actuaban como productores ni distribuidores, sino como facilitadores del tránsito y la logística.
Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el esquema se habría fortalecido. Chávez expulsó a la DEA del país, lo que, según analistas, abrió una ventana de oportunidad para narcotraficantes de la región. Raúl Benítez-Manaut, investigador de la UNAM, sostuvo que a partir de entonces “muchos funcionarios del gobierno, desde policías hasta miembros de la aviación militar, comenzaron a beneficiarse financieramente”.
Según estimaciones de investigadores, Venezuela llegó a convertirse en un “puente” para el tráfico de hasta el 90% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos y Europa. Informes recientes de Insight Crime señalaron que las autoridades militares asumieron “roles cada vez más activos” en ese negocio.
Aun así, expertos como Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime, aclaran que no se trata de una organización jerárquica: “Es una red de células, muchas veces desconectadas entre sí, incrustadas dentro de las fuerzas militares”. En la misma línea, Phil Gunson, de International Crisis Group, afirmó que el cartel “no existe como tal”, aunque reconoció que el tráfico no sería posible “sin la implicación directa de las altas esferas del poder”.
Desde 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aceleró las acusaciones contra el presunto Cartel de los Soles y señaló como figuras clave a Maduro, al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, a Cabello, al ex jefe de inteligencia Hugo “El Pollo” Carvajal y al ex general Clíver Alcalá. Estos dos últimos se entregaron y fueron condenados en Estados Unidos por narcotráfico y narcoterrorismo.
Mientras tanto, la caída de Maduro dejó a Cabello como el principal prófugo requerido por la Justicia estadounidense.
En paralelo, las investigaciones también vinculan este entramado con el Tren de Aragua, una megabanda criminal nacida en 2014 en la cárcel de Tocorón. Este grupo se expandió rápidamente aprovechando el éxodo venezolano y hoy tiene presencia en al menos ocho países, incluida la Argentina.
La organización fue fundada por cinco reclusos. Tres de ellos siguen al mando: Héctor Guerrero, alias El Niño Guerrero, prófugo desde 2023; Johan Romero, alias Joan Petrica, visto en Brasil; y Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, con vínculos en Chile y paradero desconocido.
En Estados Unidos, la persecución penal contra el Tren de Aragua derivó en cargos contra más de 70 integrantes en distintos estados. Las causas describen una amplia gama de delitos que incluyen narcotráfico, secuestros, asesinatos, robos y el uso de armas de guerra y explosivos.
Así, el entramado entre corrupción estatal, narcotráfico y bandas criminales transnacionales sigue siendo uno de los ejes centrales de las investigaciones judiciales que hoy ponen a Venezuela en el centro de la escena internacional.
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