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PRUEBA DE CAMPO. Efectivos del Operativo Lapacho confirman la presencia de droga en una encomienda. La modalidad se intensificó durante 2025 y dejó en evidencia serias falencias en los controles preventivos.
El secuestro de 16 kilos de cocaína ocultos en una encomienda con destino final en Buenos Aires volvió a encender las alarmas sobre una modalidad delictiva en franco crecimiento: el uso de empresas de correo privado para el transporte de drogas a gran escala. El hallazgo, realizado en Tucumán durante un control del Operativo Lapacho, no solo permitió interceptar la carga, sino también detener días después al destinatario, mediante una estrategia judicial que empieza a marcar el rumbo de las investigaciones federales.
El procedimiento se inició el sábado 13 de diciembre, cuando efectivos policiales detuvieron un camión de correo que circulaba hacia el sur de la provincia. Con el apoyo de un escáner, los uniformados detectaron “ladrillos” de cocaína ocultos entre la mercadería transportada. De inmediato se dio intervención al Juzgado Federal a cargo de José Manuel Díaz Vélez, que autorizó aplicar la figura de “entrega vigilada”: la droga fue reemplazada por un material de idéntico peso y el paquete continuó su recorrido bajo control policial hasta que, el miércoles siguiente, el destinatario fue detenido al intentar retirarlo.
El caso no fue aislado. Apenas un día antes, otro operativo permitió descubrir un envío con siete kilos de marihuana. En ese expediente, la investigación derivó en una medida inédita: además del receptor de la droga, fueron detenidos el gerente y un empleado de la empresa de correo involucrada, lo que abrió un debate judicial sobre las responsabilidades dentro de la cadena de despacho y control.
La normativa vigente establece que quien envía una encomienda debe firmar una declaración jurada asegurando que el contenido no es ilegal, pero al mismo tiempo prohíbe al personal de las empresas revisar los paquetes. El sistema contrasta con el de las encomiendas internacionales, donde la mercadería debe exhibirse antes de autorizar el traslado. A esta limitación se suma un problema estructural: en el NOA no existen escáneres capaces de controlar la totalidad de los vehículos que circulan por las rutas, a diferencia de lo que ocurre en los aeropuertos.
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del fenómeno. Hasta el 24 de diciembre se incautaron en el país 264 kilos de estupefacientes transportados por encomienda: 87 kilos de cocaína y 177 de marihuana. El uso de esta modalidad creció más de un 100% respecto de 2024, cuando se habían secuestrado 90 kilos de cocaína y 39 de cannabis. En ese contexto, Tucumán lidera el ranking de hallazgos en 2025, con 20 procedimientos y 122 kilos decomisados, seguido por Salta y la provincia de Buenos Aires.
El análisis de los envíos permitió reconstruir la trazabilidad del narcotráfico regional. Salta aparece como el principal punto de partida, con despachos que sumaron 50 kilos de cocaína y 177 de marihuana, mientras que Jujuy aportó otros 37 kilos de cocaína. La ciudad de Orán concentra una parte significativa de los envíos, tanto por volumen como por frecuencia.
Los destinos son variados. Salta, Tucumán y Buenos Aires encabezan la lista, aunque también se detectaron encomiendas con destino a La Rioja, Córdoba, Catamarca e incluso El Calafate. El crecimiento del comercio virtual y del transporte de mercaderías por correo, acelerado desde la pandemia, se convirtió en un aliado estratégico para las organizaciones criminales.
Desde el propio Operativo Lapacho admiten las dificultades. “Estamos sobrepasados”, reconoció su jefe, el comisario Fabio Ferreyra, al señalar que a diario circulan decenas de camiones y que los controles solo permiten revisar una parte mínima. En muchos casos, el primer indicio surge del olfato de los efectivos, que detectan el aroma característico de hojas de coca o marihuana al abrir los compartimentos.
Semanas atrás, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz reclamó una mayor inversión en tecnología y recursos humanos para sostener los controles. Mientras tanto, los casos recientes dejaron en evidencia que el correo privado se consolidó como una de las principales vías para el traslado de drogas y otras mercaderías ilegales, una tendencia que obliga a replantear con urgencia los mecanismos de fiscalización y la responsabilidad de cada eslabón del sistema logístico.
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