El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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La Justicia imputó a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, junto a otros integrantes de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios e impuestos por un monto que supera los $19.300 millones.
La imputación fue realizada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial, a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la AFA de no haber depositado en tiempo y forma tributos y contribuciones a la Seguridad Social que habían sido retenidos a terceros.
Según el dictamen fiscal, si bien Tapia fue señalado como principal responsable en su carácter de presidente de la AFA y administrador de la clave fiscal, la compleja estructura de la entidad obliga a extender la investigación a toda la comisión directiva. En ese marco, también fueron imputados Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Toviggino y Gustavo Roberto Lorenzo.
La causa tramita en el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y se encuadra en los artículos 4° y 7° de la Ley 27.430 del Régimen Penal Tributario, que sanciona la retención indebida de impuestos y aportes previsionales.
En una primera etapa, ARCA había estimado la deuda en $7.500 millones, pero una ampliación posterior del informe incorporó nuevos períodos y conceptos tributarios, elevando el monto a $19.353.546.843,85. La suma incluye retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El organismo recaudador sostuvo que existió dolo, al considerar que la AFA conocía su obligación como agente de retención y contaba con la capacidad económica para cumplirla, pero optó por financiarse con esos fondos.
La Ley Penal Tributaria prevé penas de dos a seis años de prisión para quienes no depositen los tributos retenidos dentro de los plazos legales. ARCA solicitó que Tapia y los demás responsables sean citados a declaración indagatoria y que, en caso de condena, se aplique el máximo de la pena prevista por la ley.
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