El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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La Justicia Federal con asiento en Tucumán avanza en la investigación de una modalidad delictiva en expansión en distintas provincias del país, conocida como la de los “testaferros de armas”, un esquema utilizado para desviar armamento y municiones de origen legal hacia organizaciones criminales, incluso con posibles conexiones internacionales.
La causa es impulsada por el fiscal federal Agustín Chit y surgió como desprendimiento de una investigación de mayor alcance tramitada en Mendoza, lo que permitió detectar maniobras destinadas a proveer armas al mercado ilegal mediante canales formales.
La pesquisa se enmarca en un fenómeno que motivó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), a cargo del fiscal Gonzalo Da Silva, quien recientemente difundió un documento de alcance nacional para alertar a fiscales sobre este tipo de prácticas, que ya no se presentan como hechos aislados sino como esquemas reiterados y coordinados.
Según detalló Da Silva en el informe elaborado junto a la auxiliar fiscal Paulina Gómez, estas maniobras no se limitan al supuesto comprador que presta su nombre, sino que pueden involucrar a propietarios o empleados de armerías, gestores, mandatarios y organizaciones criminales, que logran acceder a armas a través de circuitos legales, aprovechando vacíos y debilidades en los sistemas de control estatal.
En el caso detectado en Tucumán, el fiscal Chit logró identificar varios de estos eslabones, que habrían operado de manera articulada para facilitar el desvío del armamento.
El documento advierte que el uso de testaferros genera un efecto de “lavado de legalidad”, al introducir intermediarios formalmente habilitados que dificultan la trazabilidad penal de las armas y debilitan los mecanismos de prevención. Uno de los principales obstáculos probatorios, señaló Da Silva, es acreditar que quien entrega el arma conocía que el destinatario final no estaba habilitado para poseerla, un elemento clave para la configuración del delito.
Asimismo, se detectaron casos en los que personas figuran como titulares registrales de armas que aseguran no haber adquirido nunca. Estas situaciones suelen derivar en denuncias posteriores por supuestos robos o hurtos, presentadas con el objetivo de justificar ante el Estado la ausencia del arma, que en realidad habría sido destinada desde un inicio al mercado ilegal.
La legislación vigente contempla penas de uno a seis años de prisión para quienes entreguen armas a personas que no acrediten su condición de legítimos usuarios, sin importar si la cesión fue gratuita u onerosa. La norma alcanza a compraventas, alquileres, donaciones, préstamos o cualquier otra forma de transferencia.
Además, estas maniobras pueden derivar en delitos conexos, como falsificación de documento público, asociación ilícita o contrabando, especialmente cuando el armamento es trasladado fuera del país, como ocurrió en investigaciones que revelaron el abastecimiento a grupos criminales en Chile.
La causa continúa en etapa investigativa y forma parte de un abordaje más amplio del Ministerio Público Fiscal, orientado a desarticular redes que, bajo una apariencia legal, facilitan el acceso a armas de fuego a organizaciones delictivas, con un impacto directo en la seguridad pública.
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