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La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó el procesamiento de responsables de cuatro agrupaciones políticas por presuntas maniobras con fondos públicos destinados a la impresión de boletas durante las PASO bonaerenses de 2023. El fallo, emitido el 4 de diciembre, ratificó lo dispuesto por el juez federal con competencia electoral y les imputó los delitos de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.
Las agrupaciones involucradas son Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven, Encuentro Republicano Federal y Esperanza del Pueblo, que habían recibido millonarios aportes de la Dirección Nacional Electoral (DINE) para financiar la campaña y la impresión de boletas. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, los dirigentes no lograron justificar el destino real del dinero.
Millones sin justificar y listas falsas
La pesquisa reveló que Proyecto Joven recibió $352.050.020 del Estado nacional, mientras que Justicia y Dignidad Patriótica obtuvo $124.224.124, montos que nunca pudieron ser acreditados como gastos electorales. El fallo señala una “singular maniobra” consistente en la presentación de listas internas sin representatividad, cuyo único fin habría sido habilitar el cobro de fondos estatales.
Al revisar las nóminas, la Justicia detectó irregularidades graves: personas fallecidas inscriptas como precandidatas y ciudadanos que afirmaron jamás haber dado su consentimiento para integrar esas listas, lo que configuraría hechos de falsificación documental.
El rol de los partidos y el aval de la Justicia
Los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera destacaron en su sentencia que los partidos políticos actúan como auxiliares del Estado, ya que son esenciales para el funcionamiento democrático y constituyen herramientas de gobierno. En un fallo de 44 páginas, los camaristas concluyeron que no existieron vulneraciones al debido proceso y que la resolución apelada se basó en una valoración correcta de las pruebas y en la normativa vigente.
Por unanimidad, la Cámara confirmó los procesamientos sin prisión preventiva y mantuvo los embargos millonarios dictados en la causa, medidas que también habían sido cuestionadas por las defensas.
Además, la CNE recordó que ya había adoptado medidas específicas para estos casos mediante la Acordada 67/2023, destinada a verificar la actividad real de las imprentas que las agrupaciones declaraban como proveedoras de boletas.
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