El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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La Justicia tucumana resolvió mantener la prisión preventiva de los tres policías investigados por un escándalo que sacudió a la fuerza provincial: la presunta utilización de reclusos condenados por abuso sexual para realizar trabajos de albañilería en una construcción privada ubicada en El Cadillal. Se trata de una causa considerada una de las más graves de corrupción policial de los últimos años.
Los acusados —el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Alfredo Beltrán, y los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira— continuarán privados de su libertad mientras avanza la investigación. Debido a fuertes conflictos internos y diferencias surgidas durante el proceso, los tres serán alojados en dependencias penitenciarias distintas para evitar incidentes entre ellos.
Un terreno del Estado y un esquema clandestino
Según la fiscal Mariana Rivadeneira, Beltrán habría organizado un sistema ilegal para emplear a los penados como mano de obra gratuita en la construcción de una vivienda personal. La obra se levantaba en un terreno ubicado en El Cadillal que, tras una verificación oficial, se confirmó que pertenece al Estado provincial, lo que agrava aún más la maniobra.
El plan, según la acusación, no sólo involucraba la presencia de los reclusos, sino también el uso de móviles policiales para trasladarlos desde las dependencias donde cumplían condena hasta la obra clandestina. Los sargentos Trejo y Teseira habrían participado activamente aportando recursos, movilizaciones y supervisión de los trabajos.
Los delitos imputados
El ex jefe policial Beltrán enfrenta un amplio abanico de cargos:
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Peculado de uso y de servicio en concurso real
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Abuso de autoridad
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Incumplimiento de deberes de funcionario público
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Falsificación de instrumento público
Algunos de estos delitos se le atribuyen como autor directo y otros como coautor.
Por su parte, Trejo y Teseira fueron acusados de:
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Peculado en participación secundaria
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Falsificación de documentos públicos en perjuicio de la administración pública
La decisión judicial
El juez Eduardo González había determinado inicialmente seis meses de prisión preventiva para los tres imputados. Sus defensores, Augusto Avellaneda (representante de Beltrán) y Julieta Jorrat (abogada de Trejo y Teseira), apelaron esa resolución solicitando la liberación o, en su defecto, el arresto domiciliario.
En la audiencia revisora, el juez Agustín Pupio decidió mantener la prisión preventiva. Sin embargo, redujo su duración a cuatro meses. La fiscalía —a través de los auxiliares Mónica Torchan y Federico Lizárraga— y la querella del Estado, a cargo de José María Molina, se opusieron firmemente a cualquier medida menos restrictiva.
Una causa que recién comienza
El Ministerio Público Fiscal informó que la investigación sigue abierta y es mucho más amplia: aún se debe analizar la responsabilidad de otros 17 policías, entre ellos 12 efectivos directamente investigados y cinco que habrían tenido algún grado de participación y se encuentran actualmente en disponibilidad.
En paralelo, se resolvió que los imputados no podían permanecer alojados en comisarías. Por ese motivo:
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Trejo y Teseira fueron trasladados al penal de Benjamín Paz.
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Beltrán quedó recluido en un pabellón del penal de Villa Urquiza.
La causa continúa acumulando pruebas y declaraciones, y se perfila como uno de los expedientes más complejos y delicados relacionados con corrupción y abuso de poder dentro de la Policía de Tucumán. El caso expone no sólo la gravedad de los hechos imputados, sino también las profundas fallas estructurales que permitirían maniobras de esta naturaleza dentro de la fuerza.
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