El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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Un extraño procedimiento policial terminó derivando en una grave denuncia por privación ilegítima de la libertad y falsificación de instrumento público, presentada por un vecino de Alderetes ante la Fiscalía de Delitos Complejos.
Según el relato del denunciante, identificado como F.L., tres policías vestidos de civil irrumpieron el sábado 15 de noviembre en su domicilio del barrio 100 Viviendas y le informaron que su Toyota Hilux tenía un pedido de secuestro vigente. Sin embargo, la presunta orden judicial —según luego confirmaría el Juzgado Federal N.º 1— no existía.
Retenido por más de cuatro horas en la Brigada
El hombre sostuvo que, pese a aclarar que era propietario del vehículo desde 2021, los efectivos aseguraron que la supuesta disposición provenía de la Fiscalía y del Juzgado Federal N.º 1. Con ese argumento lo convencieron de acompañarlos hasta la Brigada de Investigaciones de Banda del Río Salí.
Una vez allí, denunció que nunca le mostraron orden judicial alguna, que le retuvieron el teléfono, lo obligaron a vaciar los bolsillos, y lo fotografiaron contra un cartel institucional, imágenes que luego habrían sido difundidas como si se tratara de un operativo oficial. Permaneció retenido más de cuatro horas y recién después de las 16 pudo comunicarse para que lo retiraran del lugar.
La orden estaba caducada desde 2021
El lunes posterior, F.L. acudió al Juzgado Federal N.º 1, donde la secretaria confirmó que no había ninguna orden vigente. La única existente —relacionada con una deuda fiscal del antiguo dueño— estaba caducada desde 2021. Además, la Unidad de Investigaciones Criminales notificó ese mismo lunes el secuestro de la Hilux, lo que motivó que el juzgado ordenara devolverla de inmediato.
El parte policial no coincide con la denuncia
En el acta oficial, los policías aseguraron que la camioneta fue interceptada tras una persecución y que el conductor intentó evadirlos. Esa versión fue calificada como “insostenible” por el abogado del denunciante, Álvaro Zelarayán, quien afirmó que las cámaras de los vecinos demostrarían que el móvil llegó más de 20 minutos después de que su representado ingresara a su casa.
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Complejos
F.L. solicitó que se investigue a los tres policías por privación ilegítima de la libertad y falsificación de instrumento público, ya que —según afirmó— nunca fue informado de sus derechos ni del motivo formal de su retención.
La causa quedó en manos de la fiscala Mariana Rivadeneira, quien deberá analizar cámaras, documentos y testimonios. Si los elementos coinciden con la denuncia, los efectivos involucrados podrían enfrentar acusaciones graves y el caso abriría un nuevo debate sobre los controles internos dentro de la fuerza policial.
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