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La designación de Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa marcó un giro inesperado dentro del Gabinete nacional. Con su llegada, un área históricamente relegada quedó en primer plano y despertó reacciones tanto dentro de las Fuerzas Armadas como en la arena política. Su nombramiento genera expectativas, tensiones y debates que no suelen aparecer con tanta fuerza en torno a esta cartera.
Se trata del primer militar de carrera en ocupar el Ministerio de Defensa en cuatro décadas. Para muchos integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, su arribo se interpreta como un reconocimiento tras años de críticas, desgaste y falta de apoyo institucional. Al mismo tiempo, sectores políticos y organizaciones ideologizadas reaccionaron con fuertes cuestionamientos, mientras una parte considerable de la sociedad observa el tema con indiferencia frente a urgencias cotidianas más apremiantes.
En ese escenario, Presti deberá enfrentar tres desafíos centrales:
1. Un rol político que lo expone como nunca
Su paso desde el ámbito militar hacia una posición de alta visibilidad en el Gobierno lo coloca en el centro del debate público. La sola decisión de nombrar a un uniformado generó tensión con sectores opositores y sociales. La incógnita ahora es cómo manejará ese nivel de exposición y cuánto durará la discusión que se abrió tras su anuncio.
2. La grave crisis de Iosfa
Uno de los problemas más urgentes es la situación del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que atraviesa un déficit crítico y dificultades en sus prestaciones, especialmente en el interior del país. Con casi 600.000 afiliados y una deuda mensual millonaria, el organismo enfrenta recortes que afectan a pacientes con enfermedades graves y crónicas. La normalización de su funcionamiento es considerada una prioridad impostergable dentro de las fuerzas.
3. Las expectativas internas y la tensión salarial
La llegada de un militar al frente del Ministerio genera una expectativa distinta puertas adentro. Se espera que comprenda mejor las necesidades de la tropa, pero eso también implica demandas más fuertes. Entre los temas sensibles aparecen los salarios y las distorsiones dentro de la escala jerárquica: oficiales superiores con ingresos que bordean los dos millones de pesos, subtenientes con sueldos que no llegan a los $800.000 y casos donde suboficiales ganan más que oficiales de larga trayectoria. Presti deberá equilibrar reclamos, recursos y tiempos políticos.
Un espejo para la desigualdad
La designación de Presti también reabrió un debate social más profundo. Mientras algunos dirigentes políticos y exfuncionarios cumplen condenas o transitan procesos judiciales en sus hogares por razones de edad, decenas de exmilitares continúan en cárceles comunes, muchos de ellos de avanzada edad o con graves problemas de salud. Las demoras procesales, la falta de definiciones judiciales y la negativa sistemática a conceder beneficios que sí se aplican en otros casos alimentan un creciente malestar dentro del ámbito castrense.
El desembarco de Presti obliga a revisar estas desigualdades y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿la aplicación de la ley es realmente igual para todos?
