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ALLANAMIENTOS. Una de las viviendas donde se realizaron procedimientos tras la denuncia de coimas que involucró a altos jefes de la Policía de Tucumán.
La crisis institucional dentro de la Policía de Tucumán volvió a intensificarse. En una jornada marcada por allanamientos, detenciones y rumores de renuncias que finalmente no se concretaron, el Ministerio Público Fiscal avanzó en una causa de presunta corrupción que involucra a jefes de la Unidad Regional Norte (URN) y de otras dependencias. Pese a la gravedad del escándalo, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, fue categórico: “No habrá cambios en la fuerza”.
Coimas millonarias y una denunciante bajo reserva
La investigación tomó impulso tras la denuncia de una mujer que —por razones de seguridad— permanece en el anonimato. Según su testimonio, desde noviembre del año pasado comisarios de la URN le exigían pagos semanales de entre $800.000 y $1,5 millones para permitir fiestas en Lomas de Tafí, Tafí Viejo y Yerba Buena. Cuando dejó de pagar, comenzaron los operativos sorpresa: irrupciones en plena fiesta, detenciones y un hostigamiento que, según afirmó, terminó por arruinar su actividad económica.
Ante estas acusaciones, la fiscal Mariana Rivadeneira ordenó una quincena de allanamientos simultáneos en viviendas de jefes policiales y civiles. El objetivo: secuestrar teléfonos, documentación y elementos que avalen la hipótesis de una red de recaudación ilegal. La denunciante aportó capturas de mensajes, comprobantes de transferencias y recibos que habrían terminado en una cuenta personal de uno de los comisarios involucrados.
Un escándalo que se suma a otro
La investigación se desarrolla en paralelo a otra causa que ya tiene procesados a altos mandos de la URN, acusados de utilizar presos y personal policial para construir la casa del ex comisario Gustavo Beltrán en El Cadillal. Beltrán cumple prisión preventiva en Benjamín Paz, mientras que su segundo, Sergio Juárez, también está entre los señalados. Ambos nombres ya habían aparecido en episodios polémicos como el “Caso Gargiulo”.
Además, la Justicia detuvo al comisario retirado Jorge Mastafá —ex director de Tránsito de la Municipalidad capitalina— y al comisario Marcelo Soraire, ex jefe del destacamento de Casa de Gobierno. Ambos están a disposición del fiscal Diego López Ávila, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a usurpar propiedades con conflictos sucesorios o documentación irregular. Según el expediente, las propiedades eran vendidas con papeles falsificados y los policías implicados habrían fraguado actas, utilizado testigos falsos y filtrado información sensible.
El Gobierno cierra filas
Pese a la tensión interna y a que al menos 18 comisarios están bajo observación, el Gobierno provincial descartó cambios en la cúpula de la fuerza. Agüero Gamboa y el jefe de Policía, Joaquín Girvau, se reunieron con el gobernador Osvaldo Jaldo en una jornada marcada por versiones sobre posibles reemplazos. Finalmente, el Ejecutivo decidió sostener a las autoridades actuales mientras avanzan las investigaciones.
El ministro confirmó también que todos los ascensos quedan suspendidos y que la propia Policía colaboró en varios procedimientos como gesto de “depuración interna”. En la misma línea, Girvau afirmó:
“Vamos a apoyar a los buenos policías y perseguir a quienes actúan fuera de la ley”.
Una fuerza bajo la lupa
La fiscal Rivadeneira aún no dictó procesamientos, pero anticipó que podrían sumarse nuevas denuncias a medida que más víctimas conozcan el avance de la causa. Con dos comisarios detenidos, otros implicados en expedientes paralelos y casi una veintena de jefes bajo análisis, la crisis en la URN deja un interrogante abierto: ¿hasta dónde llegará una investigación que expone uno de los momentos más críticos de la Policía tucumana en los últimos años?
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