El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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La Justicia avanza en una investigación que revela un presunto mecanismo de licitaciones direccionadas, sobreprecios millonarios y una estructura interna que habría permitido el desvío de fondos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El caso involucra a funcionarios, intermediarios, laboratorios y droguerías en un circuito que, según los investigadores, funcionó de manera sostenida durante meses.
El dictamen fiscal detalla que desde diciembre de 2023 se habría manipulado el sistema informático SIIPFIS, una herramienta creada para transparentar compras y evitar la concentración de proveedores. A partir de ese momento, comenzaron a implementarse compulsas “reducidas”, procesos de compra paralelos a las licitaciones abiertas. Mientras en los concursos públicos participaban alrededor de quince oferentes, en las compulsas restringidas sólo podían intervenir cuatro empresas que, según la investigación, mantenían vínculos personales, societarios y operativos.
Esta modalidad habría generado una concentración inédita: en 21 compulsas analizadas, Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. se quedaron con más del 93% de las adjudicaciones, por montos que superan los $30.000 millones. Las otras dos firmas involucradas, New Farma S.A. y Floresta S.A., habrían actuado como “oferentes pantalla” para simular competencia, creando un circuito cerrado en el que las empresas rotaban roles según el producto a comprar, especialmente en medicamentos de alto costo y baja incidencia.
Uno de los puntos más sensibles de la causa son los sobreprecios. En las compulsas limitadas, los valores de algunos medicamentos se dispararon de manera abrupta. El caso más llamativo es el del Macitentan, usado para tratar la hipertensión pulmonar: en una licitación general se pagó $411.764 por unidad, pero tres días después, en un proceso reducido, el mismo producto costó $8.290.000, un incremento de casi 2.000%. Lo mismo ocurrió con el Burosumab, que en compras cerradas llegó a valer $45.000.000 por unidad, cuando en licitaciones abiertas se pagaba menos de la mitad. Para los investigadores, estas diferencias no se explican por inflación ni por cambios técnicos, sino por la exclusión deliberada de oferentes competitivos.
La investigación también reconstruye una red interna de vínculos dentro de la Andis. Con intercambios de chats, cuadernos secuestrados y registros de movimientos, la Justicia identifica relaciones entre funcionarios, empresarios del sector salud, intermediarios y representantes de laboratorios. En esa red figuran personas sin cargos formales, pero con fuerte capacidad de decisión sobre pagos, licitaciones y funcionamiento del SIIPFIS.
El ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, se encuentra en el centro del escándalo. Aunque el pedido de detención fue rechazado por el juez, deberá presentarse a indagatoria en los próximos días. La Justicia evalúa su rol dentro del presunto entramado delictivo, así como su vínculo con otros funcionarios y operadores mencionados en la causa.
Además, se detectó el acceso irregular al sistema interno por parte de una empleada de un laboratorio, quien habría recibido credenciales directamente de uno de los funcionarios implicados. También aparecen listados de empresas y supuestos pagos vinculados a gestiones, lo que abre la posibilidad de una estructura destinada a direccionar compras y obtener beneficios económicos.
La investigación continúa con nuevos allanamientos y el análisis de documentación que podría ampliar el alcance del caso. Para los investigadores, no se trató de actos aislados, sino de un mecanismo sostenido que habría permitido el desvío de fondos públicos esenciales para programas de asistencia y tratamientos de alto costo.
La causa sigue en desarrollo y promete nuevas revelaciones en los próximos días.
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