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Javier “Chuky” Casanova, señalado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y procesado por un violento tiroteo ocurrido en una fiesta electrónica en Tafí Viejo, permaneció varias horas con paradero desconocido pese a que debía seguir alojado en un calabozo del penal de Benjamín Paz. La situación encendió las alarmas y derivó en una investigación interna sobre el accionar del personal penitenciario.
El caso se remonta al 21 de septiembre, cuando se produjo un enfrentamiento armado entre el grupo de Casanova y el de Facundo Ale, hijo de Ángel “El Mono” Ale. En un principio se barajó una disputa vinculada a la barra brava de San Martín, pero con el avance de la causa surgieron elementos que apuntan a una pelea territorial ligada al narcotráfico.
Tras los primeros procedimientos, en uno de los domicilios de Casanova se encontraron alrededor de 100 dosis de droga y un arma que podría haber sido utilizada durante la balacera. Por estas razones, el imputado quedó envuelto en dos expedientes distintos: uno por el tiroteo y otro por la tenencia de estupefacientes. Ambos fiscales solicitaron medidas de coerción, incluyendo prisión preventiva.
Cuando venció la preventiva del expediente por narcomenudeo, la defensa presentó nuevas evidencias que el juez Guillermo Taylor consideró válidas, por lo que resolvió morigerar la medida y autorizar el arresto domiciliario. Sin embargo, aclaró que la decisión solo era aplicable si no existía otra causa que impidiera la salida del penal, algo que sí ocurría: seguía vigente la preventiva dictada por el tiroteo.
Pese a esto, cerca de la una de la madrugada, personal del Servicio Penitenciario trasladó a Casanova a su casa en el barrio Oeste II. Allí le colocaron una pulsera electrónica, aunque horas antes un informe oficial había señalado que el dispositivo no estaba disponible. La rapidez con que se gestionó la entrega del aparato generó sospechas, ya que otros detenidos deben esperar semanas para recibir uno.
A las seis de la mañana se detectó que Casanova habría abandonado el domicilio donde debía cumplir el arresto domiciliario. El aviso recién fue informado a las 7.30, una demora que sumó más irregularidades al expediente. Cuando se organizaba un operativo para localizarlo, Casanova se presentó de manera voluntaria y aseguró que nunca había salido de su casa.
Ante la acumulación de inconsistencias, el fiscal Miguel Fernández decidió abrir una investigación para determinar el rol y las responsabilidades del personal penitenciario involucrado. Desde el área de Seguridad confirmaron que ya se inició una investigación administrativa.
La defensa del acusado atribuyó lo sucedido a una confusión por las dos preventivas superpuestas. “Cuando nuestro asistido nos contó lo ocurrido, le explicamos que se trataba de un error y que debía presentarse ante el fiscal. No hay que buscar culpables”, señaló su abogado.
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