El Provincial Tucumán San Miguel de Tucumán
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Una agente de 23 años fue acusada de usar un documento apócrifo para justificar una inasistencia laboral. La investigación reveló que el certificado estaba firmado por un médico jubilado y que nunca trabajó en la clínica indicada.
Una joven policía de 23 años fue imputada en Tucumán acusada de presentar un certificado médico falso con el objetivo de justificar su ausencia laboral. La investigación, a cargo de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal, determinó que el documento incluía el sello y la firma de un cardiólogo que se encontraba jubilado desde 2023 y que nunca había trabajado en la clínica mencionada.
Según explicó la auxiliar de fiscal Carolina Brito, el lunes 30 de junio la agente presentó ante la División de Servicios Médicos de la Policía un certificado que indicaba un diagnóstico inexistente —dolor lumbar— y recomendaba cinco días de reposo. La inasistencia que pretendía justificar correspondía al domingo 29 de junio.
El certificado contenía el membrete y sello de una clínica privada ubicada en calle 9 de Julio al 200. Sin embargo, al ser entrevistado por la Fiscalía, el cardiólogo negó haber firmado el documento, aunque reconoció que el sello era suyo, aunque en desuso desde 2018 tras el cierre de la empresa donde trabajaba.
“Cuando la Fiscalía lo entrevistó, el cardiólogo sostuvo que no se trataba de su firma, aunque sí reconoció su sello, el cual se hallaba en una empresa que cerró hace varios años”, detalló Brito durante la audiencia.
Con los elementos recabados, la representante del Ministerio Público Fiscal imputó a la agente por el delito de uso de documento falso. En la audiencia, se solicitaron medidas de menor intensidad por tres meses, que fueron concedidas por la jueza interviniente. Entre las condiciones impuestas se incluyen:
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Someterse al proceso y no entorpecer la investigación.
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Mantener un domicilio estable.
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No realizar actos que obstaculicen el descubrimiento de la verdad.
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Comparecer ante todas las citaciones judiciales.
Estas medidas sustituyen una posible prisión preventiva, dado que no existen indicios de riesgo procesal ni antecedentes previos.
La causa se enmarca en investigaciones recientes de la Unidad dirigida por el fiscal Diego López Ávila, orientadas a detectar el uso de documentación apócrifa dentro de instituciones públicas. El delito de uso de documento falso, según el artículo 296 del Código Penal Argentino, contempla penas de uno a seis años de prisión, dependiendo de la gravedad y del perjuicio ocasionado.
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